IR POR MUCHO MÁS
Hoy nuestra organización está compuesta por personas de todas las edades que se identifican con un espíritu renovador dentro del espectro político y que consideran que la verdadera renovación está en integrar miradas, incorporando las mejores tradiciones del Frente Amplio. Creemos que esta renovación necesariamente debe implicar la construcción de propuestas de izquierda viables con el fin de transformar las condiciones de vida de las clases populares.
2.1. Renovación y democratización del Frente Amplio
Consideramos que el Frente Amplio continúa siendo el único proyecto de izquierda orientado a una modernización del país con justicia social. Su objetivo manifiesto siempre ha sido quebrar la hegemonía de los sectores dominantes con el fin de desarrollar un gobierno orientado a la generación de políticas públicas dirigidas a la inclusión social en plenitud de los sectores populares. La pluralidad de expresiones ideológicas y la participación directa y activa de la ciudadanía en la conducción del proyecto han sido siempre los dos ejes sobre los cuales se sostiene el FA.
Creemos que es impostergable reformar las estructuras de participación; el frenteamplismo es hoy una expresión cultural que excede a la propia fuerza política y el Frente Amplio debe ir a su encuentro. Para quienes conformamos el Ir ese camino implica reafirmar el carácter plural y movimientista del FA, procesar el debate ideológico en sus estructuras internas y transitar hacia un cambio concertado desde adentro, preservando los principios fundacionales. Esto supone el impulso de propuestas de reforma partidaria realistas y una fuerte acción dirigida a la unidad sin exclusiones.
Así, para incidir en política no solo tenemos que poder revelarnos contra ese falso orden natural, imaginando un mundo distinto y construyendo mayorías políticas y sociales que contribuyan y se identifiquen con ese sueño, sino que tenemos que potenciar conceptos y prácticas democráticas que contribuyan con una revolución radical de nuestra cultura. El eje principal de esta transformación apunta a que cualquier persona considere que puede tomar opciones o caminos diferentes a los que le fueron heredados por sus condiciones socioeconómicas o culturales y de este modo cambiar las relaciones sociales en las que vive.
2.2. Nueva constitución
En el Ir entendemos que es necesario reformar la Constitución de la República. Creemos que hay que hacerlo porque es imperioso consolidar derechos y garantías que tanto esfuerzo le costaron a nuestro pueblo, pero sobre todo porque es ineludible mejorar la institucionalidad del Estado para que responda de forma más efectiva a las necesidades de todas y todos.
No caemos en el reduccionismo de creer que una reforma constitucional tiene una potencia transformadora que producirá un cambio social inmediato. Pero estamos convencidos y convencidas que la reforma de la Constitución tanto a nivel dogmático como orgánico, generará avances que impactarán favorablemente sobre la vida pública y privada de los habitantes de nuestro país.
Hoy, cuando mucho se avanzó pero más queda por hacer, es preciso un cambio cultural y cívico con respecto a la Constitución. Desde la izquierda es nuestro deber enfrentar políticamente a los sectores conservadores que invocan la Constitución para reforzar la vigencia de un Estado de situación todavía demasiado injusto.
2.3. Educación de calidad para todos y todas
Un proyecto de izquierda no es viable en el largo plazo si no aspira a aumentar sostenidamente los niveles educativos de toda la población. La educación resulta estratégica en la construcción del socialismo del futuro. Sin educación de calidad para todos y todas podrá haber modernización y crecimiento económico, pero nunca emancipación, desarrollo, democracia y justicia social. La educación es un derecho, además de ser un elemento fundamental para el pleno ejercicio de los demás derechos.
La educación debe ser el motor de la equidad y la inclusión social, ya que sin su sustento las sociedades tienden a fragmentarse aún más. En esta lucha el sistema público es clave y la experiencia internacional enseña que las estrategias privatizadoras terminan incrementando la brecha entre pobres y ricos. Entendemos en este momento que el Estado es el único capaz de asegurar para el conjunto de la población una educación defensora de los ideales democráticos y republicanos, respetando los preceptos de la laicidad. Desde el Ir promovemos una educación pública fuerte, gratuita, laica, plural y de alta calidad y no creemos en la antinomia calidad-cantidad.
Es imprescindible avanzar en el fortalecimiento del sistema de enseñanza pública en todos los niveles. Esto requiere de grandes cambios institucionales, curriculares, pedagógicos y didáctico además de un incremento presupuestal significativo y comparable al del primer gobierno del Frente Amplio.
Es necesario profundizar en la construcción de espacios de acompañamiento y fortalecimiento que permitan trabajar con la diversidad que hoy compone a la educación pública, potenciando desde las diferencias pero entendiendo las particularidades, y haciendo partícipe a toda la comunidad como parte activa de la educación desde una mirada territorial.
Actualmente, existe el debate sobre la necesidad de estandarizar y homogeneizar el sistema educativo o, por el contrario, avanzar en la personalización del mismo. Desde el Ir entendemos que es necesario estandarizar metas, diversificar y personalizar instrumentos, lo cual requiere un cambio tanto de la institucionalidad del sistema como de la formación de los docentes. Sin profundizar en la formación de los docentes y sin instituciones que permitan la innovación y atención a las necesidades locales, es imposible diversificar.
2.4. Medio Ambiente
La globalización de la producción ha generado impactos mundiales desde el punto de vista ambiental. Incorporar la vertiente ambiental al desarrollo sostenible se vuelve imprescindible. Para lograrlo se debe apuntar a un cambio de paradigma en el modelo productivo como forma de asegurar la sustentabilidad y mejorar la distribución y calidad de agua y alimentos; se debe concretar un cambio en la conciencia individual de los problemas ambientales que están en la base de algunas inquietudes muy sentidas, como los residuos sólidos y, por último, cambiar el paradigma de consumo.
Desde el Ir venimos trabajando en propuestas concretas: en la promoción de un Plan Nacional de Agroecología, en la ejecución de los planes de la cuenca del Santa Lucía y de Laguna del Sauce y en un modelo productivo para la cuenca del Cisne.
En lo referente a la conciencia individual se debe generar grandes campañas de difusión que permitan al individuo tomar decisiones incluyendo la variable ambiental. Para cambiar el paradigma se debe trabajar en los valores de lo que se consume.
2.5. Lucha contra la discriminación.
Consideramos que la lucha contra todo tipo de discriminación debe ser uno de los principios fundamentales de un proyecto de izquierda. Es una responsabilidad ética reconocer y construir mecanismos institucionales para intervenir sobre las desigualdades sociales emergentes de la discriminación.
Tanto la perspectiva de clase como la de género, generaciones, raza, etnia y discapacidad son imperiosas a la hora de discutir los mecanismos de redistribución de la riqueza y de oportunidades. Para ello, debemos esforzarnos no solo en diseñar las estrategias de intervención del Estado ya sea a través de marcos legales, programas o acciones afirmativas, sino que debemos también realizar un esfuerzo de militancia cotidiana y de observación de nuestras actitudes hacia un otro diverso, en la educación de nuestros hijos e hijas, en nuestros ámbitos de participación y de trabajo, etc.
Nuestro país ha tenido enormes avances gracias a los gobiernos frenteamplistas en esta materia. La regulación del empleo doméstico, la ley de derechos sexuales y reproductivos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de acciones afirmativas para personas afro, la ley de discapacidad, la creación del sistema de cuidados y la ley de regulación del cannabis tienen como objetivo de fondo que el Estado garantice mecanismos institucionales para que la sociedad pueda avanzar en una mirada del otro diversa e inclusiva. De aquí en adelante es necesario avanzar en la reglamentación de estas leyes para seguir garantizando los derechos para todas las personas y derribar barreras para el acceso.
2.6. Democratización de medios de comunicación
Los medios de comunicación a nivel mundial y nacional se concentran en pocas manos y el impacto que esto tiene en la agenda política y social es de gran dimensión.
La recientemente aprobada —pero no reglamentada— ley de medios tiene entre sus fines atacar la concentración de medios de comunicación, regular contenidos, disminuir la publicidad para menores y transparentar los permisos de ondas tanto de radio como de televisión. Esto ha generado mucho impacto en el ambiente de los medios y algunos avances ya están a la vista.
Otro de los temas que también está en la ley es la pauta gratuita de los partidos políticos en campaña. Esto es trascendental para democratizar y encaminar un tema prioritario en el Ir que es la financiación del sistema político. La participación privada en la financiación de las campañas genera irregularidades y dependencias que no son sanas ni democráticas.
Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental no solo en la información que recibe la ciudadanía sino en cómo se forman las opiniones y cuáles son los temas que toman trascendencia. El Estado debe estar presente no solo porque es quien detenta las ondas de radio y televisión, sino además porque los medios de comunicación han probado que su afán de lucro está muy por encima de su responsabilidad como agentes de comunicación.
¿Cómo logramos ese punto de equilibrio entre el Estado y los privados? ¿Cómo contrarrestamos las acusaciones de censura o de ataque a libertad de prensa? Sobre eso debemos trabajar. Los medios han tenido durante mucho tiempo libertad irrestricta y las consecuencias no han sido beneficiosas para la sociedad. El camino es largo y la nueva reglamentación es una herramienta que nos acerca a un sistema de medios de comunicación más deseable y comprometido con la sociedad.
2.7. Sistema de protección social para todos y todas
El crecimiento económico no implica por sí solo el desarrollo de una sociedad. Las prioridades deben estar centradas en la redistribución de la riqueza y en la inclusión social de aquellas personas que se encuentran excluidas para poder finalmente avanzar hacia el desarrollo pleno de una sociedad.
En Uruguay en los últimos años se ha avanzado muchísimo en materia de protección social; la política económica permitió ampliar las políticas sociales centradas en el acceso de servicios sociales por parte de las personas más vulnerables.
En el 2005 Uruguay se encontraba en situación de emergencia social. Una vez que asumió el primer gobierno frenteamplista, dicha realidad fue atendida a través de políticas focalizadas de la red de asistencia e inclusión social implementada a través del Ministerio de Desarrollo Social, creado en ese momento. Desde ese entonces se han logrado avances significativos en la disminución de la pobreza y de la indigencia; sin embargo, creemos fundamental que el Estado procure seguir ampliando el acceso a las políticas universales fortaleciendo así el acceso de toda la ciudadanía a cada uno de los pilares de la matriz de protección social.
Esto implica que las políticas educativas, de salud y de vivienda deben realizar modificaciones que permitan una mirada amplia y diversa, que atiendan las particularidades y que permitan tanto el acceso como la permanencia de toda la sociedad al ejercicio pleno de sus derechos sociales.
Asimismo es importante destacar que a partir de este tercer gobierno el desarrollo del reciente creado Sistema Nacional Integrado de Cuidados ampliará nuestro sistema de protección social, garantizando un nuevo derecho: el derecho a ser cuidado y cuidar de manera digna a las personas que se encuentran en situación de dependencia. Este sistema garantizará la socialización de la tarea del cuidado entre mercado, comunidad, Estado y familias y al interior de las familias entre varones y mujeres, siendo así una política que apunta a revertir desigualdades de género.
Uruguay cuenta con un buen sistema de protección social, pero el camino aún no está completamente recorrido. Desde la visión hegemónica de la izquierda siempre es momento para reflexionar y avanzar en el rumbo, con el horizonte de la equidad social en materia de garantizar el pleno ejercicio de derechos.
2.8. Crecimiento con distribución de riqueza.
La etapa anterior a 2005 demostró que no es suficiente el crecimiento para que se distribuya la riqueza, y que este puede existir y simultáneamente agudizarse la inequidad en la distribución de los recursos con una persistente pérdida de salario real para la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras.
A su vez la teoría del derrame, asociada a la idea de que el mercado todo lo resuelve, demostró ser absolutamente errónea. Por eso, creemos que tenemos que crecer y redistribuir al mismo tiempo, y que esto es posible. En este sentido, el Estado es una herramienta central para cumplir con este objetivo.
Una sociedad distinta requiere niveles de equidad mucho mayores, que redunden en mayores posibilidades para toda la población de estudiar, trabajar y desarrollarse plenamente, no dependiendo de su capital económico. Democratizar el acceso, así como el aumento de la calidad de los bienes y servicios públicos, resulta indispensable si pretendemos que el aumento de los niveles de equidad se vuelva difícilmente reversible.
2.9. Inserción internacional e integración regional.
En el Ir creemos que la integración regional es mucho más que la liberalización recíproca del comercio. Es, ante todo, un proyecto político para alcanzar mayores niveles de bienestar, autodeterminación y justicia social en Uruguay y en América Latina.
Concebimos a la región como el ámbito geográfico natural para el desarrollo sostenible de los pueblos. Entendemos que la mejor estrategia de inserción internacional para Uruguay es aquella que se apoya en los diferentes esquemas de integración regional latinoamericanos, como plataformas de articulación y negociación, de acuerdos más beneficiosos y balanceados para el conjunto de sus intereses.
2.10. Conocimiento libre y ciudadanía
La producción y el uso social del conocimiento son factores fundamentales para el desarrollo cultural, educativo, científico y tecnológico. En el Ir creemos que el conocimiento debe ser una herramienta no solo para el crecimiento económico sino también para el bienestar social. Debemos impulsar políticas estratégicas que tiendan a democratizar el acceso y la producción de conocimiento, facilitando la absorción, reutilización, adaptación y socialización de saberes, y dificultando el acercamiento y la explotación monopólica que ponen barreras al bienestar general.
Esto nos lleva a cuestionar algunas de las instituciones que rigen la propiedad del conocimiento (derecho de autor, patentes), y a promover los nuevos paradigmas que mejoran la distribución, generan oportunidades para la innovación y amplían el uso por parte de la sociedad; el software libre, los datos abiertos, el acceso abierto a la investigación científica, los recursos educativos abiertos y la cultura libre.
2.11. Seguridad y convivencia.
En los últimos años la agenda de seguridad ha sido instalada, enfocando su preocupación en los delitos contra la propiedad. Consideramos que es necesario dar una profunda discusión en torno al fenómeno de la delincuencia a los efectos de dimensionar cuáles son los problemas realmente graves que tenemos y cuál es la política criminal con la que debemos responder.
Nuestro gobierno ha sido tremendamente exitoso en las medidas dirigidas a la regulación de la relación formal del trabajo; de todas formas, todavía tenemos enormes problemas con la relación informal y ni que hablar con las estrategias de supervivencias que se encuadran en el mundo de los mercados clandestinos. Fallamos en la perspectiva de las consecuencias de la crisis del 2002 en términos culturales relativos entre otras cosas a los criterios de convivencia y de formas emergentes estrategias de supervivencia de las clases más vulneradas por aquella crisis.
Frente a la cultura del delito es necesario evitar miradas reduccionistas. No queremos decir con esto que hay que aceptar el delito como fenómeno sin más, sino que nuestro único problema no son los delitos contra la propiedad; tampoco podemos perder de vista que el crimen organizado está usando a los niños y niñas de la crisis económica y social del 2002 como mano de obra y que la única respuesta que estamos ofreciendo a esos ahora jóvenes tanto mujeres como varones es una cárcel con pocas capacidades de reinserción. Debe alarmarnos que de los presos del Uruguay, el 73% tiene menos de 28 años y la mitad de ellos menos de 25.
Es imperioso apostar a una reforma del código penal que concentre su esfuerzo en la discusión de la proporcionalidad, que apele a herramientas no privativas de la libertad, reservando las penas de cárcel solo para aquellos delitos contra la vida o la libertad de las personas. Es una responsabilidad política para esta y para las próximas generaciones: apostar a construir otro paradigma en este sentido, dejando un mensaje de confianza hacia nuestros jóvenes a pesar de los errores que cometan.
