La relación entre medios de comunicación y poder es compleja. Como en casi todo el mundo, los principales servicios de comunicación en Uruguay no son meros mediadores entre el poder y la sociedad.

La relación entre medios de comunicación y poder es compleja. Como en casi todo el mundo, los principales servicios de comunicación en Uruguay no son meros mediadores entre el poder y la sociedad. Constituyen un poder en sí mismo y las empresas que los administran concentran mucho poder económico y político. Esta realidad tiene décadas de historia y las medidas para revertirla requieren de acciones de corto plazo, como la creación de un marco legal, y de políticas de mediano plazo, que desconcentren realmente el poder que hoy tienen los principales oligopolios de comunicación en el país.

 

Por ese motivo, el Ir le dice que si a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.  Obviamente, la ley es sólo un instrumento para transformar la relación entre los medios y el poder en la sociedad. Se trata de una ley genérica y no se desprende de este texto una transformación profunda de la estructura de poder que hoy poseen los monopolios de la comunicación en el país. Sin embargo, su existencia abre un marco legal para cambiar esta realidad en el mediano plazo y las modalidades de aplicación de la misma son las claves para llevar adelante este proceso.

 

El contexto de aprobación de esta Ley se desarrolla en un marco de multiplicación de señales, gracias a la migración del sistema analógico de emisión a uno digital. Esto sin duda debe servir como herramienta para la desconcentración de poder en materia de medios. La esperable diversificación y descentralización del poder a partir de esta nueva realidad tecnológica implica una gran responsabilidad por parte del Estado como órgano regulador, en relación a cómo se administra esa multiplicidad de señales y cuáles son los mecanismos públicos más transparentes para potenciar esta posible democratización de los medios.

 

Desde el Ir apoyamos todos los mecanismos orientados a licitar de manera clara las señales disponibles, dando la oportunidad a nuevos actores para que puedan desarrollar proyectos de comunicación fuera de los marcos pautados por los monopolios ya existentes. En este sentido, no avalamos la adjudicación virtualmente automática de señales a los canales abiertos y consideramos que la modalidad de licitaciones, sin excepción, ha de ser la metodología correcta para la buena aplicación de la Ley en cuestión. En el entendido de que la Ley es genérica y sus modalidades de aplicación pueden ser muy variables, denunciaremos todas aquellas medidas que no se propongan revertir la persistencia de monopolios mediáticos.

 

Más allá de la precariedad legal con la que se ha manejado el Frente Amplio desde su primer gobierno, es claro que la realidad de los medios alternativos en Uruguay ha mejorado en la última década. Las acciones de los gobiernos de derecha posteriores a la última dictadura cívico-militar fueron claramente persecutorias de los medios comunitarios y alternativos y, si bien resta mucho terreno por recorrer, el Frente Amplio ha reconocido en sus distintos mandatos la presencia de otras modalidades de comunicación, hayan sido éstas avaladas o no por el Estado. La existencia de un marco legal y de una nueva realidad tecnológica deben ser utilizados para profundizar los cambios en este sentido.

 

 

A su vez, consideramos que el Estado debe desarrollar políticas de inversión financiera orientadas a promover la producción local de mejores contenidos audiovisuales a través de llamados públicos. Es necesario pensar quién va a financiar los contenidos nacionales que la Ley exige y cuál es el papel que ha de cumplir el Estado en esta inversión. La inversión pública en la materia y las convocatorias abiertas pueden contrarrestar una producción totalmente dependiente de la voluntad de desembolso económico de los propietarios de los medios ya existentes y promover la generación de contenidos de carácter más diverso, que no estén pautados exclusivamente por la política de los propietarios e inversionistas de los principales medios de comunicación. Sin duda, esto constituye una política de regulación de contenidos desde el Estado, orientada no solo a exigir porcentajes, sino a promover la producción de carácter independiente.

 

Se trata entonces de desafíos que se presentan ante una nueva realidad legal y tecnológica que alentamos, pero cuya orientación ha de ser objeto de discusión permanente. Tener un marco legal en materia de medios es un primer paso, pero el objetivo de fondo es que la sociedad sea participe, “tenga que ver” y manifieste una mirada crítica en relación a los medios y lo que nos muestran. Si a través de los medios se construye realidad, hagamos uso de ellos para cambiarla y no dejemos que los detenten aquellos que emiten para que todo siga como está.

 

 

Ir.