Larrañaga charla con una niña que le pregunta: “Yo soy de Florida, ¿qué puede hacer por el interior?”. Larrañaga le responde: “Yo te prometo que el interior va a crecer, porque si crece el interior…” y sigue explicando las bondades de que el interior crezca… No parece haber entendido la pregunta el precandidato. En realidad, no importa. La publicidad tiene una idea que cree que tiene punch (“charlas con el futuro”), está bien filmada y listo: el producto está precioso (o no, pero eso es para otra columna). Acá no cabe el argumento de que la publicidad (y la plata) vehiculizan ideas. Ahí no hay ideas. Ahí no hay más política que la sesuda opción de camuflar a la política en la anti-política y la anti-ideología.

Lacalle Pou remixó un discurso suyo y su jingle. Bien puede ser un jabón de tocador o una marca de championes lo que está siendo publicitado. Lo que importa es vender el producto. Y para vender, más que tener un buen producto, es necesario tener plata. Mucha plata. Muchísima.

Para ser elegido (no elegible, eso lo asegura la Constitución) en Uruguay, hay que pagar. Esa lógica queda extremadamente clara con el sistema de confección de listas que tienen los partidos tradicionales. Candidatos que nadie conoce, que ningún colectivo de más de dos personas eligió para representarlo, pagan mucha plata y tratan de conseguir su banca. Por eso se juegan tanto ahora. Por eso están gastando tanto.

Pero cuidado, el FA también tiene que pagar para ser elegido. La diferencia es que las estructuras eligen al que consideran el mejor candidato, y quien paga es un colectivo. Es una diferencia sustancial, pero se sigue terminando en lo mismo: antes o después, para ser elegido hay que pagar. Y para pagar, hay que tener plata. O se tiene una familia con mucha plata, o se tiene amigos con mucha plata, o se tiene mucha capacidad e inventiva para juntar mucha plata (a esto último y solo a esto último estamos apostando en el Ir, mientras tratamos de aportar para terminar con esta mercantilización de la política).

El Estado, a través de su parlamento, se dio cuenta de lo complejo que es el financiamiento de las campañas y lo que desvirtúa a la actividad política. Mediante la ley 18.485, regula cómo se deben financiar los partidos. Establece, además, que a cada partido se le va a dar determinado monto por voto que haya obtenido. Este mecanismo, además de ser más proclive a mantener al status quo que a potenciar la aparición de lo nuevo (recibe plata quien ya tuvo plata para conseguir votos), toma un camino entre dos posibles.

El primer camino, reflejado en la ley, es que el Estado aporte parte de esa plata que necesitan los partidos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿dónde termina esa plata? Ningún partido obtiene ganancias de las campañas. Pues bien, ¿quién obtiene ganancias? Una pista: un segundo en radio cuesta de 15 a 37 pesos, y un minuto en televisión cuesta –atenti a esta cifra- $32.000.

Es importante, entonces, recordar que los canales de televisión hacen uso de un bien público que se les otorga para usufructuar (ahora y gracias al Frente) por un período limitado. Pero siguen siendo propiedad de toda la sociedad (esa que ahora precisa elegir quiénes gobernarán).

Entonces, la otra opción es empezar, de una vez por todas, a desmercantilizar la política. Es intentar que cada vez dependa menos de cuánto tiene cada uno para ser elegido. Por tanto, bien se podría haber incluido en la ley de financiamiento de partidos, muchos minutos gratis para pautas de los partidos, fijando las franjas en las que se tienen que emitir y prohibiendo sobre-pautar más allá de lo que se le otorgue a cada uno por ley. Una porción del tiempo en televisión se podría distribuir según los votos obtenidos con anterioridad, y otra porción para todos por igual (y dar así posibilidad a lo nuevo). Y así como se hace con la tele, hacerlo con todos los medios de propaganda.

Por otra parte, no parece fácil de argumentar que una empresa financie partidos políticos, por lo que se debiera prohibir esto, pudiendo solo las personas físicas aportar a los partidos. A nuestra propuesta de revisar la regulación sobre el financiamiento de partidos, no tanto para asegurarles recursos sino más bien para desmercantilizar a la política, se le debe agregar indefectiblemente organismos poderosos que fiscalicen cuánto dinero entra en los partidos (y quiénes son los donantes) y cuánto se gasta. Esta Corte Electoral, con estos recursos, no puede controlar y se limita a recibir los informes y publicarlos. Es necesario que alguien controle, pregunte y repregunte. Que investigue y que denuncie si es necesario.

Los partidos políticos tienen dos opciones: o juegan en la cortita, entrando en el juego y tratando de sacar ventaja para ganarle al que está al lado, o por un rato dejan la competencia en suspenso y piensan una forma de mejorar las condiciones para todos y todas. Esto redundará en una mejor democracia, mucho más cercana a su naturaleza y mucho menos cercana a spots sobre alfajores, remixes, futuros y mucho blabla.