Consideramos que es fundamental valorar las preocupaciones ambientales planteadas por la sociedad. Partimos de la idea de que estas preocupaciones forman parte del ideario de izquierda, y de que es necesario hacer una crítica ambiental al modelo de desarrollo actual y a la desigual distribución de los costos sociales y ambientales del desarrollo. Compartimos también la preocupación del movimiento de los trabajadores de que la actividad minera debe realizarse en condiciones de trabajo, seguridad y salud adecuadas.

Por eso, la verdadera cuestión es: qué minería queremos, en el marco de qué modelo de desarrollo. En otras palabras: minería sí, pero no a cualquier costo ni de cualquier manera.

Los pros y contras de la explotación minera en nuestro país

Se espera que los proyectos mineros diversifiquen la producción primaria, con un nivel de actividad económica del orden del 5% del PBI, similar a la ganadería, agricultura y forestación, afectando una superficie de terreno mínima (la actual superficie minera es el 0.1% de la superficie total “disponible” de 140.000 km2 y Aratirí afectaría otro 0.1%).

Por otra parte, aproximadamente el 50% de la renta neta de la actividad minera será para el Estado. Esta renta se compone del IRAE, el canon minero y un adicional del IRAE que es progresivo, según el precio internacional del hierro. A medida que el hierro tenga más valor, el porcentaje que recauda el Estado será mayor.

El 70% del ingreso del Estado va a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversiones, administrado por el Banco Central para invertir en actividad financiera de bajo riesgo. Los intereses generados se volcarán a actividades de I+D. El restante 30% va al Poder Ejecutivo, que debe utilizarlos en proyectos productivos, sociales y ambientales, en el desarrollo de las zonas mineras, en la DINAMA y DINAMIGE y en instituciones terciarias del Interior.

Por el proyecto Aratirí los Ingresos del Estado serán de unos 500 millones de dólares por 15 años. Esto representa un 1% del PBI y un 5% del presupuesto nacional durante esos años (del orden del presupuesto del Ministerio de Defensa, o los de la UdelaR y el INAU juntos). Estos recursos pueden contribuir a profundizar los logros sociales de los últimos años y protegerlos ante variaciones negativas en el ciclo económico.

En cuanto a resguardos ambientales, sociales y económicos, la ley de minería de gran porte prevé que las empresas mineras realicen depósitos de garantía de fiel cumplimiento de contrato, así como garantías de ejecución de las medidas de gestión ambiental. Asimismo, la ley establece que en el plan de impacto ambiental y en el control y seguimiento del mismo se deben utilizar los mejores estándares internacionales disponibles. Se crea una comisión de seguimiento con participación de actores sociales locales y una auditoría internacional de los planes de impacto ambiental.

Sin embargo, los beneficios y resguardos enumerados no nos impiden ver que hay problemas estructurales en Uruguay que plantean serios riesgos.

El proyecto de minería a gran escala en nuestro país se viene concibiendo como una actividad primaria puramente extractiva, lo que es evidente por los tiempos de explotación que plantea Aratirí. Debemos pensar si esta es la minería que queremos. Preferimos una minería que se encadene en procesos productivos con mayor valor agregado. Aratirí no debe ser el estándar para la explotación de nuestros recursos mineros.

Es necesario invertir en Investigación y Desarrollo para integrar las cadenas productivas y superar la dependencia de las actividades primarias y extractivas. Tanto en la minería como en todas las demás actividades primarias se deben usar los recursos generados de manera direccionada para cambiar el modelo extractivista; la tentación del dinero fácil no puede continuar conduciendo a una consolidación y perpetuación de este modelo.

La minería a gran escala conlleva riesgos ambientales importantes. Entre ellos, la contaminación con minerales; la afectación de ecosistemas asociados a cursos de agua y humedales; la contaminación por ruido y polvo; los riesgos estructurales en la presa de relaves; la afectación de la infraestructura vial y el impacto en el ecosistema marino ante posibles accidentes en la carga de los barcos.

Sin embargo, no ha habido una mejora significativa en la institucionalidad ambiental ni en nuestra capacidad de control de los procesos productivos en general. No solo de los mineros; tampoco en los planes de manejo de suelos, de manejo de residuos industriales, de vertidos de efluentes líquidos y de emisiones atmosféricas. Es imposible e inaceptable que nuestro país continúe con la actual infraestructura institucional en materia de control y cuidado ambiental. La reestructura a fondo de la institucionalidad ambiental es una condición básica para afrontar los desafíos futuros.

Finalmente, en cuanto a la dimensión del trabajo, la minería creará nuevos puestos mejorando posiblemente los salarios en las zonas de explotación. Sin embargo, la minería es una actividad que también conlleva riesgos laborales. Es fundamental entonces que Uruguay incorpore en la normativa nacional el convenio de la OIT Nº 176 que establece las condiciones de seguridad industrial y saludpara los trabajadores mineros.

Propuestas del Ir para el escenario actual

– Para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental:

1) Es imperiosa la asignación de recursos desde ya para el control de las actividades extractivas: contratar técnicos y operadores, realizar formación, montar laboratorios, etc. Se debe prever un adelanto importante de ingresos por la explotación minera de Aratirí para el fortalecimiento de las capacidades de la DINAMA, DINAMIGE y de las Intendencias involucradas.

2) Creación de un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, fortaleciendo el control ambiental para prevenir la contaminación urbana e industrial, e incorporando el control de la actividad agrícola. La actual DINAMA y otras reparticiones existentes en diversos organismos pasarían a integrar este nuevo ministerio que debería contar con una robusta plantilla de técnicos altamente calificados y bien remunerados para evitar su cooptación por parte del sector privado (tal como se hizo en su momento con los funcionarios de la DGI). Se debería valorar, asimismo, la creación de un Instituto de Ambiente para realizar estudios de mediano y largo plazo. Complementariamente, debería mejorarse la interrelación entre los organismos de la Administración Central y entre estos y las Intendencias.

3) Información y participación ciudadana: hay que mejorar el acceso a la información para asegurar una participación activa de la población en la evaluación de proyectos de desarrollo, así como revisar los mecanismos de participación pública para permitir una actuación efectiva en la toma de decisiones.

– Para ir hacia un cambio en el modelo de desarrollo:

4) Construir un plan nacional de I+D, productivo y ambiental, es decir, un plan de desarrollo sostenible real que integre las cadenas productivas, centrándose en la necesidad de superar las actividades primarias y extractivas. Este plan debería incluir una fuerte inyección de recursos obtenidos de la venta de commodities. Debería integrar a las instituciones de educación terciarias y a las empresas públicas y privadas.

5) Creación de fondos para la generación de proyectos ambientales de remediación de impacto ambiental cofinanciados por el Estado y las empresas participantes en los emprendimientos productivos.

– Para la explotación del hierro, en particular:

6) Crear un centro de I+D y polos de desarrollo en el área de materiales, donde además se desarrollen cursos de nivel universitario y técnico para generar recursos humanos en el manejo del hierro como metal.

7) Prever el ingreso del Estado en la explotación minera, en el mediano plazo, utilizando fondos de reservas nacionales y generadas por el proyecto Aratirí