La extensión se incorpora sin debate previo en el artículo 218 del proyecto, el cual eleva en 20 años el dominio privado sobre las obras culturales. De esta manera, se restringe el acceso libre de la sociedad a las mismas, se dificultan y encarecen las actividades culturales y se ponen trabas a los usos educativos del patrimonio cultural.

Dado que en general los titulares de las obras no son los autores ni los intérpretes sino las empresas editoras y productoras de carácter fuertemente concentrado, hay buenas razones para pensar que los verdaderos beneficiados de una medida como la propuesta no serán los creadores. A esto se suma que, en el caso de los autores, se trata de una extensión del plazo del monopolio que ocurre luego de la muerte de los mismos.

La legislación sobre derechos de autor es de enorme importancia para el país, dado que impacta en el derecho de acceso a la cultura, en la circulación del conocimiento y en su distribución social. Una cuestión de esta magnitud merece ser tratada ampliamente y a la luz del día, en un debate público que incluya a los distintos intereses involucrados. Estos intereses incluyen no solo a las entidades de gestión de derechos y a las cámaras empresarias, sino también al vasto y diverso ámbito de los creadores, a las instituciones culturales y educativas y al conjunto de la ciudadanía.

El respeto por los derechos de los creadores debe ejercerse asegurándoles una retribución económica justa como medio de vida por su producción, cuestión que históricamente ha sido dejada de lado por el Estado uruguayo y que los gobiernos del Frente Amplio han comenzado a revertir con el Estatuto del artista y oficios conexos (Ley 18.384) y otras medidas que tienden a profesionalizar el trabajo artístico. Creemos que es mejor profundizar este tipo de medidas, en lugar de imponer restricciones severas al acceso a la cultura.

En el Ir estamos comprometidos con promover una sociedad del conocimiento democrática y participativa. Creemos que el Frente Amplio, como fuerza política de izquierda, debe cuestionar las visiones hegemónicas sobre la propiedad del conocimiento, las cuales alientan una privatización cada día más amplia de los bienes comunes. Estamos convencidos de que la creatividad y el disfrute cultural de las nuevas generaciones no deben restringirse ni reprimirse, sino alentarse por todos los medios posibles, y que esto no necesariamente entra en contradicción con los derechos económicos y morales de los artistas y trabajadores culturales, que incluyen el derecho a un nivel de vida digno y a ser reconocidos por el aporte que realizan a la sociedad.

Le pedimos al Frente Amplio y a nuestros representantes que no voten el artículo 218 de la Rendición de Cuentas y proponemos al  Ministerio de Educación y Cultura la realización de un debate amplio, inclusivo y participativo sobre los derechos de autor.