La institucionalidad ambiental que hoy existe continúa siendo débil y aislada. La información sobre el estado de los recursos naturales está dispersa y no estamos pudiendo dar cuenta de la forma en que los cambios ambientales afectan el bienestar social. En definitiva, no ha habido una priorización clara de los temas ambientales (Informe del Grupo Geo, 2008).
Por otro lado, existe una orientación directa hacia al estímulo de inversiones de base primaria como la forestación y el complejo celulósico, la actividad agrícola o la minería de gran escala. Estas actividades son en muchos casos contaminantes, consumidoras de espacio y energía, además de concentradoras de la riqueza. Son estimuladas a través de la ley de inversiones y otras medidas impositivas, de las concesiones de zonas francas, y en algún momento, hasta con subsidios directos.
Hasta el momento prima una visión donde ambiente y desarrollo parecen contradictorios. Existe la percepción de que la conservación y protección ambiental es un lujo de los países ricos; cuando en realidad, los países pobres no pueden darse el lujo de degradar sus recursos naturales, base de su economía. Esto incluye los recursos básicos para la producción (suelo y agua) o los subsidiarios para la misma: ecosistemas conservados y biodiversidad local no afectada por presiones exógenas (como los transgénicos).
El desafío actual y futuro es rediseñar los sistemas de producción de forma que se logre generar alimento y otros bienes para la población, tanto a escala local y mundial, y a la vez se logre mantener los bienes y servicios que proveen los ecosistemas naturales (como la generación de agua potable, riego, pesca y recreación), cuyo cuidado no debería ser pensado como contradictorio, sino como fundamental para el desarrollo.
Para enfrentar estos desafíos entendemos necesaria la creación de una institucionalidad fuerte, capaz de hacer frente a las presiones, que atienda a la conservación del ambiente en concordancia con el crecimiento económico y social. Esto es muy difícil de llevar adelante desde el punto de vista político si no se tiene un peso específico.
La situación actual dentro del MVOTMA, un ministerio en el cual las autoridades y el presupuesto están dedicados prioritariamente al tema vivienda, no favorece que la DINAMA sea sólida e independiente. A su vez, algunos ministerios de control (Ganadería, Industria) son a la vez de promoción sectorial, entrando muchas veces en contradicción con las políticas ambientales. Un Ministerio de Ambiente es necesario para garantizar la independencia y la autonomía técnica, mejorar el acceso a la información y promover la sensibilización en temas ambientales, permitiendo así una participación efectiva de la población en la toma de decisiones.
Las políticas ambientales deben ser instrumentadas en forma coordinada, sostenidas en el tiempo y evaluadas mediante monitoreos continuos. La institucionalidad ambiental actual no puede atender adecuadamente estas necesidades porque no está integrada ni es coherente, dada la dispersión de atribuciones tanto a nivel interministerial como a la interna del MVOTMA, y prácticamente no hay coordinación entre organismos.
Con un Ministerio del Ambiente se podrían integrar las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial. Contaríamos con una autoridad que evaluaría y fiscalizaría las acciones públicas y privadas sobre el ambiente, con despliegue territorial y con una fuerte interacción y cooperación con las Intendencias y otros ministerios y organismos con incidencia en la temática. Esta nueva institución debería abarcar las actuales DINAMA, DINAGUA, DINA Meteorología, DINOT y RENARE (o parte de este organismo, hoy en MGAP). Debería tener competencias en la supervisión de gestión de residuos sólidos urbanos e industriales, fiscalización del vertido de efluentes líquidos urbanos e industriales, fiscalización de ruido y partículas en suspensión de industrias, coordinación de actividades productivas en las cuencas de drenaje de ecosistemas acuáticos prioritarios y la regulación y protección de los humedales del país. También deberían pasar a ser de su competencia el control del uso de agroquímicos y el control ambiental del uso del suelo con fines agrícolas e industriales.
Evidentemente, esta nueva institucionalidad debe ser fuerte y dotada de recursos que garanticen la independencia y la autonomía técnica. Es necesario aumentar la cantidad de funcionarios técnicos y de apoyo con que actualmente cuenta el país para las tareas de aprobación, control y seguimiento de proyectos y planes de gestión ambiental. Hay que mejorar la remuneración general e incorporar el régimen de dedicación total para un porcentaje de los cuadros técnicos, evitando la cooptación de los mismos por el sector privado y la alta rotación del personal. Hace falta, además, fomentar la investigación científica y dotar al Estado de mayores herramientas técnicas y económicas para la evaluación de proyectos y el monitoreo de sus impactos.
Estas ideas son parte de la propuesta integral del Ir en el tema ambiente. Apostamos a que el país genere un modelo de desarrollo sostenible, para el cual un Ministerio de Ambiente es una herramienta fundamental.
