Existen organizaciones que desde 1985 luchan por el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva y que han ampliado las bases de apoyo a la causa, sumando ante cada nuevo proyecto de ley más organizaciones, aumentando también su diversidad e integrando a nuevas generaciones de militantes. Son estas organizaciones las que hoy, gracias a la articulación y la movilización constante, logran que el movimiento obrero coloque en su plataforma de reivindicaciones un tema que hasta hace poco era invisibilizado. De este proceso, sin dudas, se han mantenido al margen quienes históricamente han operado en función de perpetuar las desigualdades por considerar que los derechos no son para todos y todas.

Mientras en estos días gran parte de la sociedad civil organizada coordina acciones para que el próximo 8 de marzo seamos miles en la calle y que las mujeres paren el país, otros hacen uso deliberado del poder y, desde la comodidad que dan los privilegios, fallan como lo hace la jueza Pura Concepción Book; o realizan declaraciones anacrónicas, como las del presidente de la SCJ llamando «crímenes pasionales» a los femicidios. Estas posturas y prácticas forman parte del Uruguay conservador, ese que pierde en la calle y en las urnas porque no puede lograr más síntesis que la que hace sumando firmas a consignas mentirosas. Ese que no complejiza ni actualiza los debates pero tiene el descaro y el respaldo de un sistema anquilosado en estereotipos machistas para imponer «su ley», su concepción del orden de las cosas (y claro, del lugar de varones y mujeres en las relaciones de poder) a costa de nuestras libertades. Ese que comete aberraciones en términos jurídicos como el de la trístemente célebre jueza Book.

La confluencia de la lucha sostenida por las organizaciones feministas y la voluntad política de poner en agenda la concreción de nuevos y más derechos lograron colocar a las diversas formas de violencia hacia las mujeres como una expresión de la discriminación que genera el sistema patriarcal. Sin embargo, parece que todavía tenemos que explicar de qué hablamos cuando hablamos de violencia simbólica. Hablamos, por ejemplo, de la decisión de interpretar una ley en base a fundamentos religiosos individuales, negándole un derecho adquirido a una mujer que realizó los procedimientos correspondientes en tiempo y forma, amparada en una ley cuyo único condicionante es que la decisión sea tomada por la mujer: nadie más puede interferir en ello. Y en esto no hubo olvidos: la ley, expresamente, prevé que la decisión definitoria sea la de la mujer. Por tanto, atender un recurso de amparo a un varón no tiene fundamentos legales, y asignar un abogado defensor a un embrión evidencia concepciones personales de la jueza que tiñen de poca ética y laicidad su desempeño en el caso.

La Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde 2012, no fue aprobada por arte de magia. Es un hito de un largo proceso que logró colocar en la agenda política un tema que muchos y muchas tomaron y defendieron en distintos ámbitos. Es de una soberbia importante creer que vamos a limitarnos a ver, de brazos cruzados, cómo nos recortan nuestros derechos. En el Ir reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el acceso igualitario a los derechos de todos y todas. Somos plenamente conscientes de que aspectos estructurales como la clase social, el género, o la etnia siguen condicionando el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Sabemos que los marcos jurídicos son importantes, pero además de regular también necesitamos generar ciudadanía cultural al respecto: personas capaces de exigir y de protestar ante el avasallamiento de sus derechos en servicios de salud, comunidades, o el sistema de justicia, por ejemplo. Destacamos la necesidad de mejorar el presupuesto para que la implementación de la Ley de IVE sea efectiva y garantice a las mujeres abortos seguros.
Pero sobre todo es necesario apostar por mayor formación en los recursos humanos del Poder Judicial y de los servicios de salud para que se comprenda de una vez por todas, que obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es una violación de los derechos humanos de las mujeres, que un Estado de derecho no puede permitir.

Ninguno de los derechos ganados en la calle por las mujeres ha sido revertido por el Estado. El derecho a decidir si queremos ser madres o no y en qué circunstancias no va a ser la excepción. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue en pie. Nuestros derechos siguen en pie. No vamos a dar ni un sólo paso atrás.