El FA explicó, a través de la voz de Tabaré, con claridad y sustento sus planes. Conviene siempre, en política como en otros órdenes de la vida, preguntarse cada tanto -como un ejercicio infinito- para qué. Para qué hacemos lo que hacemos. Para qué estamos proponiendo estas cosas. En este caso, elegimos por sobre los fundamentos estratégicos, funcionales o económicos (frecuentemente economicistas), concebir a las propuestas programáticas del FA desde un enfoque de derechos. Esto implica entender que lo fundamental es el pleno ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Implica, antes aún, reconocer que existen derechos que hoy no están satisfactoriamente asegurados. Por tanto, implica en primer lugar, alejarnos de planteos como los de Lacalle Pou, que fundamentan las políticas en términos de “ayudas” a la gente.
Entender un Sistema de Cuidados desde una perspectiva de izquierda que priorice los derechos de ciudadanos y ciudadanas incluye pensarlo como una cuestión estratégica para el país y la reproducción social. Pero implica saber que esa no es la razón primera ni la más importante. Un Sistema de Cuidados resulta imprescindible porque las mujeres tienen derecho a que la carga de la reproducción social sea compartida con los hombres. Es una cuestión de justicia. Y el Estado en tanto organización que nos nuclea a todos y todas, no tiene otra opción que hacerse cargo.
El Sistema de Cuidados, si resulta exitoso, contará entre sus logros intangibles el haber desnaturalizado que toda la carga de trabajo vinculado a la reproducción social tiene que recaer sobre las mujeres. Construirá un país más justo, en el que las mujeres tengan las mismas posibilidades que los hombres de realizarse en tanto seres humanos.
Este Sistema también se basa en el derecho a ser cuidado. La niñez resulta clave, no tanto porque sea una inversión para el futuro, sino que su importancia radica en que los niños y niñas tienen derecho a ser cuidados. Es una cuestión de justicia antes que una cuestión estratégica. No es una inversión, es un gasto justo y que no debiera ser necesario justificar con ecuaciones que tengan resultados positivos. Lo mismo pasa con nuestros viejos y nuestras viejas, y por supuesto, con las personas con discapacidad.
Cuando hablamos de educación, es cierto que es estratégico y económicamente rentable formar cada vez más y mejor a los ciudadanos y ciudadanas. Pero antes, y sobre todo, estamos hablando de derechos. La ciudadanía tiene derecho a recibir una educación de calidad.
Tenemos una obligación que nos marca el momento histórico: imaginarnos los centros de estudios del futuro. Este ejercicio nos permitirá diseñar políticas integrales, que no se limiten a ser simples parches inconexos como los propuestos por algunos débiles programas de gobierno de la oposición.
Necesitamos escuelas, liceos, UTUs, facultades, que sean verdaderos centros de la comunidad. Una institución educativa mal estará haciendo su trabajo si no se inserta correctamente en su comunidad, si no puede innovar y conectarse con las necesidades inmediatas de la gente que la rodea y que la habita. Esto se vincula directamente con la propuesta, anunciada por Tabaré, de que los docentes se queden en los centros educativos por lo menos por tres años. A nadie escapa que la forma de asignación de horas actual no contribuye al arraigo de los docentes al centro educativo ni permite la necesaria cercanía entre los educadores, los estudiantes y la comunidad.
Desde el Ir creemos necesario pasar de un sistema de horas efectivas a cargos efectivos, que tengan asiento en un centro educativo o en un conjunto limitado de centros. Esto permitirá radicar a los y las docentes en los centros durante un tiempo mucho más largo que un año.
Asimismo, es fundamental entender, como también dijo Tabaré, que la centralidad del sistema educativo está en los y las estudiantes. Esto implica no sólo trabajar en el desempeño curricular de las personas, sino en la enorme cantidad de elementos que se vinculan (y se ponen en juego) con sus procesos de aprendizaje. Un estudiante, antes, durante y después de las clases se relaciona con sus pares, con la comunidad, a veces con el mundo del trabajo. Centros de enseñanzas que sean verdaderos centros comunitarios serán más capaces de trabajar sobre todos los elementos que operan sobre el proceso de aprendizaje de las personas.
Vinculado a lo anterior, en términos muy concretos, es necesario generalizar el programa Compromiso Educativo. Esta política ha tenido resultados exitosísimos en los centros en los que se ha implementado, reteniendo a la inmensa mayoría de estudiantes. Este programa cubre la necesidad mencionada en el párrafo anterior: trabajar sobre todo el complejo proceso de los y las estudiantes, no sólo en el tiempo en que se imparten conocimientos curriculares dentro del aula.
La conclusión de estas líneas para el Ir es extremadamente simple. ¿Para qué hacer un sistema de cuidados y reformas profundas en la educación? Para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque es justo.
